La Junta de Castilla y León ha tomado posición ante la entrada en vigor del decreto de medidas para el ahorro energético y tras la reunión entre consejeros de comunidades y dos ministras en las conferencias sectoriales de Energía, Comercio y Turismo ha insistido en que se debe favorecer la participación de las corporaciones locales y de los sectores productivos en las medidas previstas. Una posisión que la administración regional, que será la encargada de vigilar el cumplimiento obligatorio de las medidas, tendrá que compaginar con la postura de los dos partidos que la sustentan, PP y Vox, donde la inclinación es por 'tumbar' el decreto.
El Gobierno autonómico ha valorado, según ha señalado a través de un comunicado, que se debe modificar la citada norma y "poner el énfasis en los incentivos y no en las sanciones a los centros productivos". De hecho, ha pedido que se retire y que se retrasara su puesta en marcha, que se producirá finalmente este martes 9 de agosto.
En este sentido, desde la Comunidad se considera "esencial" establecer "una seguridad jurídica y mecanismos adecuados" para "apoyar a las industrias y corporaciones locales en materia energética". Además, la Administración autonómica ha pedido que se realicen los cambios normativos que sean necesarios para apoyar a la cogeneración y a las industrias electrointensivas, según reza el comunicado.
En las conferencias sectoriales han participado el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; pero también dos de los consejeros de la cuota de Vox, el de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, y el de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja.
Veganzones ha sido el encargado de pedir la retirada del "decretazo energético de Sánchez", un documento que estudia recurrir tras culpar al Gobierno de hacer "pagar a los españoles con su libertad sus imposiciones e incapacidad, sus políticas energéticas y climáticas disparatadas, no avaladas por la comunidad científica". Tras la reunión (que ha durado 3 horas), que ha calificado de "inútil", ha expresado que frente a este "nuevo atropello del Gobierno de Sánchez" y ha recordado en la Conferencia Sectorial que "los servicios jurídicos de la Junta están estudiando el decreto para valorar la oportunidad de recurrirlo al Tribunal Constitucional, ya que hay visos de que invade competencias municipales en el ámbito, por ejemplo, de los luminosos comerciales".
"El Gobierno sigue empecinado y no ha atendido ni una sola petición ni resuelto ninguna duda técnica. Ha sido todo un paripé al servicio de Sánchez", ha señalado a través de un comunicado de prensa recogido por Europa Press.
El vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada inmediata del decreto que recoge el plan de ahorro energético porque, según ha denunciado, "se ha elaborado a espaldas de las comunidades, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales", aunque ha dado "autonomía" a sus Ejecutivos regionales para recurrirlo si así lo consideran. Tellado ha evitado adelantar si el PP se está planteando llevar al Tribunal Constitucional este real decreto alegando que acaban de pedir que se retire inmediatamente, aunque sí que ha dejado en mano de las comunidades autónomas la posibilidad de que ellos lo recurran.
En una rueda de prensa desde la sede nacional del PP, Tellado se ha pronunciado de esta manera sobre la reunión que ha mantenido el Gobierno con las comunidades autónomas para abordar el plan de ahorro energético, denunciando que este decreto es fruto de "una improvisación".
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al conjunto de administraciones públicas y al Partido Popular "unidad, responsabilidad y solidaridad con el resto de países europeos" para cumplir con el real decreto de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo y que entrará en vigor este miércoles. "Las leyes se cumplen y es lo que tienen que hacer todas las administraciones públicas", ha señalado Sánchez en una comparecencia ante los medios de comunicación, junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en la sede del Cabildo de Lanzarote.
