Presupuestos electorales
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentados a finales de la pasada semana han mostrado la cara más electoralista de un Gobierno consciente de su situación. La debilidad en las encuestas y el inminente calendario electoral municipal y autonómico ha puesto en alerta a Pedro Sánchez y a su Ministerio de Hacienda a la hora de plantear unas cuentas del Estado que presentan, de entrada, importantes incógnitas. La más importante es la disparidad en las previsiones que presume el Gobierno frente a lo que estima el Banco de España. Demasiadas diferencias y demasiados millones; diferentes maneras de interpretar un futuro económico que la mayoría de analistas pintan con incógnitas frente a la perspectiva optimista de las ministras Montero y Calviño y un presidente con la cabeza puesta en remontar los sondeos.
La rebelión socialista apareció antes de presentar los números. Los barones ya se pronunciaron en la batalla de los impuestos autonómicos. Page y Puig avistaron la incertidumbre de unas elecciones inciertas y decidieron caminar en solitario hacia un espacio de independencia para que su gestión no se viera salpicada por decisiones ajenas. Los impuestos se han convertido en un arma electoral, y mucho más después de intuir que los 113 millones de euros que el Gobierno espera recaudar de más en estos presupuestos salen de una importante carga directa que debe soportar el contribuyente medio. En modo electoral, otras sonadas caras socialistas también han marcado distanciamiento con su partido y con su Gobierno. El alcalde de Valladolid, otrora portavoz de la Ejecutiva Nacional del PSOE, estalló el pasado viernes porque los presupuestos humillaban el proyecto estrella de la Ciudad de la Justicia con apenas una partida de 200.000 euros que prácticamente condena al olvido este eterna promesa electoral transformada en anhelo inalcanzable.
Las diferencias en el reparto autonómico saltan a la vista con una mayor inversión en comunidades gobernadas por el PSOE añadidas a los intereses de los socios de Gobierno. Cataluña se lleva 2.508 millones de ese Estado al que no quieren pertenecer los independentistas. Un contrasentido egoísta que coloca a esta Comunidad en la cabeza de la inversión nacional con un 8% más que Andalucía. Por supuesto, el País Vasco, con una importante tasa de transferencias ya consolidadas, se lleva un 9% con respecto al año anterior. Castilla y León se conforma con recibir casi 956, un 4,17% menos que este año.
Así y todo, estos presupuestos tildados de sociales tienen un inevitable aroma de entreguismo subvencionado. El Gobierno entrega su suerte a los beneficiarios de esas ayudas que están basadas en unas teóricas expectativas positivas de crecimiento que el Banco de España pone más que en duda. En el fondo, el Gobierno sabe que la inflación desmesurada le otorga una capacidad recaudatoria tan importante que se permite abrir la mano con 'paguitas' y subidas salariales a funcionarios y pensionistas sin mantener una línea de equidad ya que no es lo mismo un aumento lineal para el que recibe la pensión más baja que quien disfruta de las más altas. Aparte está el escaso decoro de subir un 4% el salario de Gobierno y parlamentos en un momento que, quizá, reclame un poco de sutileza y decoro para entender cómo están las cosas en el sector privado, las pymes y los empresarios: en definitiva, aquellos que van a soportar el peso de los 113 millones de recaudación extra.