Cuando ser ministro está por encima de tus posibilidades

La 'ley del solo sí es sí' ha convertido el patio político español nuevamente en un patético circo (con perdón para los circos). La intención del Gobierno era buena al poner en marcha el proyecto, la ejecución ha sido manifiestamente mejorable y el resultado está resultando penoso. Después de tan solo un mes y medio de entrada en vigor de esta iniciativa del Ejecutivo, algunos violadores y maltratadores de mujeres se están beneficiando de un texto con evidentes lagunas legales.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual impulsada desde el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero se centra en el consentimiento expreso antes de cualquier interacción sexual. Su gestación arranca con la polémica sentencia que llevó a la cárcel a 5 jóvenes -conocidos como 'La Manada'-, que violaron en un portal a una chica de 18 años en Pamplona durante las fiestas de San Fermín en 2016. Fue uno de los juicios más mediáticos de la reciente historia de España.

En resumen, la nueva ley recoge que una agresión sexual no implica necesariamente el uso de la fuerza o la resistencia de la víctima y se han agrupado algunas franjas de penas de los anteriores conceptos de agresión sexual y de violación. El lío se ha montado, cuando algunos condenados por estos delitos han encontrado un agujero legal y, por tanto, la oportunidad de reducir sus penas con la nueva ley. La ministra de igualdad se ha despachado a gusto echando la culpa a los jueces, que son unos fachas y un producto del sistema impuesto por el heteropatriarcado...

Para Unidas Podemos se trata de la ley más vanguardista en favor de los derechos de la mujer a nivel mundial. Sus críticos dicen, entre otras cosas, que se vulnera la presunción de inocencia con la nueva norma. La ministra de Justicia, Pilar Llop, se ha desmarcado de algunos detalles de la nueva ley, incluso recordando que ella estaba de baja cuando se tramitó en Consejo de Ministros. El fiscal general del Estado ha dado instrucciones a los fiscales para que intenten detener la catarata de revisiones de sentencias que benefician a violadores y agresores sexuales. La parte socialista del Gobierno ha puesto cierta distancia con su socio porque el follón no interesa desde el punto de vista electoral.

En un país acostumbrado a que no dimita ningún cargo público, salvo que esté a punto de ser condenado por un tribunal, este es un nuevo ejemplo del nivel, la preparación, el talento y la valía de la actual remesa de políticos. Al parecer, la casta es la casta.

Irene Montero, licenciada en Psicología, afiliada a las Juventudes Comunistas con 15 años, miembro activo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en 2014, cuya única experiencia laboral antes de ser ministra y entrar en política fue como cajera de supermercado durante unos meses, no está a la altura del cargo que ocupa. A las pruebas me remito. Su ministerio ha aprobado dos leyes, la "Ley Trans", que ha generado otro lío de proporciones épicas y la "Ley del solo sí es sí", que ya ha superado el follón de la anterior.

Hace años que todos sabemos que cualquiera puede llegar a ser ministro, incluso a presidente del Gobierno. Aquí y en cualquier otro país. Sólo hace falta que la formación política de turno lo decida. Es una pena porque hay un montonazo de personas preparadas para gesionar la cosa pública. Lo que ocurre es que a menudo no están en los partidos políticos. Así no va.