Tan solo hay una posibilidad entre 22.977 de que vehículo del que en junio del pasado año alguien arrojara kilo y medio de speed en las inmediaciones de la presa hidroeléctrica San José, en Castronuño (Valladolid), al toparse con un coche de la Guardia Civil se corresponda con el Seat Ibiza de uno de los dos toresanos que este martes han sido juzgados en la Audiencia de Valladolid.
Ese, entre otros argumentos, es el que el defensor de ambos encausados, los jóvenes Álvaro P.S. y Raúl M.G, ha esgrimido en su informe final durante el juicio celebrado en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Provincial, donde, pese a ello, la fiscal del caso ha mantenido invariable su petición de ocho años de cárcel para cada uno de ellos y el pago de una multa de 100.000 euros.
En su intervención, la defensa se ha servido de las matemáticas para tratar de desmontar la investigación que el Instituto Armado realizó a partir de dos letras y un número de matrícula que el día de autos uno de los agentes de una patrulla tomó de un vehículo que a punto estuvo de atropellarle en su huida tras arrojar el conductor una bolsa por la ventanilla que, más tarde, se comprobó que en su interior portaba kilo y medio de speed por valor de 63.000 euros.
A partir de esos únicos datos, la Guardia Civil y la acusación pública sostienen que el turismo sospechoso se podría corresponder con un Seat Ibiza propiedad del padre de Álvaro, domiciliado en Toro, y que el acusado conduce habitualmente, algo que su defensor insiste en que supone "una posibilidad entre 22.977", tras realizar las combinaciones correspondientes.
En su declaración, los dos acusados se han declarado inocentes y han explicado que cuando fueron interceptados en la zona por una patrulla de Castronuño a bordo de un Ford Fiesta, propiedad de Raúl, albañil de profesión, se disponían a inspeccionar una parcela de pinares que explota Álvaro, ya que este se dedica a la recolección de piñas que luego vende en Pedrajas de San Esteban.
"Fuimos con el coche de Raúl porque el mío, un Suzuki Vitara, tenía baja una rueda", ha explicado Álvaro, quien, al igual que su compañero de banquillo, ha negado que su presencia en la zona fuera para buscar la bolsa con speed de la que se había desembarazado con anterioridad arrojándola por la ventanilla de un Seat Ibiza tras toparse en la carretera Toro-Cuéllar con una pareja de la Guardia Civil.
A su favor también juega el hecho de que ninguno de los dos guardias civiles que participaron en el primer operativo, el que trató de interceptar sin éxito el vehículo que portaba la droga, llegara a identificar a los acusados como la persona que iba al volante del coche.
"Era de tez morena, cara redonda y llevaba el pelo corto", es lo único que ha sido capaz de recordar el agente, el mismo que aquella tarde, según ha advertido, dio el alto al vehículo pero tuvo que echarse a un lado para evitar que el conductor se lo llevara por delante antes de emprender la huida.
La patrulla salió en su persecución pero no pudo alcanzarle. Tras darle por perdido, los agentes volvieron a las inmediaciones de la presa y recogieron una bolsa que llevaron al puesto de Catronuño para realizarle el narcotest, que arrojo un resultado positivo en speed.
Otro coche patrulla de Castronuño acudió a la zona en apoyo de sus compañeros y fue el que se topó con el Ford Fiesta ocupado por los dos acusados que, según la tesis tanto de la Guardia Civil como de la acusación pública, habían regresado en otro coche distinto para no infundir sospechas con el único propósito de recoger la mercancía que Álvaro había tirado previamente.
"Nos llamó la atención la anormalmente reducida velocidad a la que iban los ocupantes, como si estuvieran buscando algo, y el cambio de sentido que realizaron", ha explicado uno de los agentes, de ahí que les interceptaran y les interrogaran sobre los motivos de su presencia en aquel punto. "En ese momento no nos pareció que tuvieran relación alguna con el episodio anterior, aunque nos dieron distintas versiones de por qué estaban allí", ha añadido el patrullero.
Por todo ello, la defensa de los dos toresanos ha solicitado un fallo absolutorio por falta de pruebas y también por la posible ruptura de la cadena de custodia en la recogida de la droga y posterior analísis de la misma.
