El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid ha acusado este miércoles al equipo de Gobierno de retrasar las sanciones por el incumplimiento de las restricciones de tráfico para evitar "el castigo electoral".
Así, según ha señalado el PP en un comunicado, el equipo de Gobierno "maquilla las limitaciones de circulación en la Zona de Bajas Emisiones y retrasa la aplicación del régimen sancionador para evitar el castigo electoral", después de anunciar que no multará por incumplir las restricciones hasta el 31 de diciembre.
Así, ha recorado que este miércoles se ha dado luz verde, durante la Junta de Gobierno, a la aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que, tal y como contempla la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, deberá entrar en vigor en 2023 y obligará a todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes a implantar áreas de circulación restringida como medida para reducir las emisiones contaminantes.
En lo que respecta a Valladolid, la ZBE, prevista en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire, abarcará finalmente 3,1 kilómetros cuadrados, de manera que se introduce una modificación sustancial, puesto que pasa a ser más del doble de la superficie total propuesta en un principio, 1,4 kilómetros cuadrados, "con la excusa de lograr una mejor calidad del aire en Valladolid", pero lo cierto es que, para el PP, "más allá de las cifras esgrimidas por los impulsores de este proyecto, no existe ningún informe ni estudio científico técnico que avale esa ampliación".
Además, ha censurado que tampoco se han tenido en cuenta las consecuencias que ocasionará la implantación de la ZBE en los negocios de la zona centro, al no haberse realizado un análisis del impacto social y económico, que permita "conocer las implicaciones y externalidades que supondrá para la economía local", tal y como recomienda el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
De la misma manera, el proyecto de Ordenanza que hoy ha sido aprobado en Junta de Gobierno, tampoco contempla, un Plan de Sensibilización, Comunicación y Participación.
En resumen, el PP cree que la delimitación de la ZBE establecida por el equipo de Gobierno "es desproporcionada y responde a razones ideológicas, sin tener en cuenta las necesidades reales de la ciudad, dejando de lado el interés común que debería aportar a la ciudadanía", ha señalado su presidenta, Pilar del Olmo, quien ha asegurado que, en todo caso, "deberían aportar alternativas".
