Un año más, el Ayuntamiento de Valladolid se une a las celebraciones de la jornada mundial de 'Ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte' el 30 de noviembre, como muestra del compromiso adoptado en Pleno el día 8 de mayo de 2018 con la aprobación por unanimidad la moción para la adhesión a la red de 'Ciudades contra la pena de muerte'.
Esta iniciativa fue puesta en marcha a nivel internacional por la comunidad de San Egidio, que en 2002 conmemoró su abolición, por primera vez en el mundo, en el Gran Ducado de la Toscana un 30 de noviembre de 1786. En la actualidad más de 2.300 ciudades participan en la iniciativa, en un intento de sensibilizar a la sociedad.
El Ayuntamiento de Valladolid, como miembro de la red de 'Ciudades por la vida, ciudades contra la pena de muerte', promueve el respecto a la vida a través de las actuaciones de sensibilización, en colaboración con Amnistía Internacional.
La lectura del manifiesto ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y ha contado con la presencia de la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero, la concejala delegada especial de Convivencia y Mediación Comunitaria, Carmen Jiménez, además de representantes de Amnistía Internacional que han leído el manifiesto firmado por su entidad.
Durante el acto, la concejala Carmen Jiménez ha expresado durante su intervención que "el Ayuntamiento de Valladolid, como Administración más cercana al ciudadano, es consciente que el respeto de los derechos humanos y libertades, es fundamental, así como la realización de medidas proactivas que promuevan su cumplimiento, motivo por el que en Pleno Municipal (diciembre de 2015) se aprueba por unanimidad una moción para crear un Observatorio de Derechos Humanos, con el objetivo de consensuar las medidas más oportunas a tomar desde la competencia municipal respecto a esta materia".
"La pena de muerte, ha continuado Jiménez, es un castigo brutal e innecesario, que supone una violación de dos derechos humanos fundamentales: el derecho a la vida y el derecho de toda persona a no ser sometida a penas crueles, inhumanas o degradantes. La ejecución de criminales y disidentes políticos ha sido utilizada a lo largo de la historia, pero la evolución de la justicia y el respeto creciente de los derechos humanos, hace que cada vez sean más los Estados que reniegan de esta práctica. Los delitos para los que se aplica esta medida son variados, dependiendo de los países, religión y régimen político; condenando a muerte no sólo a personas que han cometido delitos, sino también a adúlteros, homosexuales, apóstatas, blasfemos, corruptos, disidentes, etc. La abolición de la pena de muerte es exigible a todo país democrático, respetuoso con los derechos humanos, pues el Estado está obligado a proteger la vida de sus ciudadanos y no puede utilizar medios inmorales para intentar resarcir ?daños irreparables?, convirtiendo la pena en venganza".
Ciudades en todo el mundo como Berlín, Ámsterdam, Roma, Ginebra, París, Nairobi o Johannesburgo se han unido a esta iniciativa. En España, son más de ochenta las ciudades adheridas a la red como Madrid, Valencia, San Sebastián, Barcelona o Málaga y, también Valladolid. Todas ellas, iluminan edificios representativos para mostrar el rechazo de la sociedad a la pena de muerte, un castigo cruel, inhumano y degradante.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 3 dice "todo individuo tiene derecho a la vida, la libertad y la seguridad de su persona", este artículo configura el derecho a la vida como el derecho fundamental por antonomasia, pues los demás derechos sin él carecen de relevancia.
En nuestro país, el artículo 15 de la Constitución, enumera como derecho fundamental la vida y la integridad física, quedando prohibida la tortura o cualquier tipo de pena o trato inhumano o degradante.
La abolición de la pena de muerte es exigible a todo estado democrático, que respete los derechos humanos y proteja la vida de sus ciudadanos.
En 2021 se llevaron a cabo 579 ejecuciones; el segundo número de ejecuciones más bajo registrado por entidad Amnistía Internacional desde 2010. Además, tan solo 18 países en todo el mundo continuaron matando en el nombre de la justicia. Esto quiere decir que más de dos tercios de los países del mundo han abolido la pena de muerte, bien en la ley, bien en la práctica.
Decididamente, el mundo avanza contra la pena de muerte y miles de personas se movilizan en todo el mundo en defensa de las personas condenadas, firmando los llamamientos que se han hecho para parar sus ejecuciones y manifestando públicamente su rechazo a quitar la vida en nombre de la justicia.
