La Junta de Castilla y León destinará un total de 115 millones de euros en toda la Comunidad para la construcción de alrededor de 1.200 viviendas colaborativas o de 'cohousing' cuyos destinatarios principales son la población joven que no puede acceder a la compra de una casa y que quiere iniciar la emancipación "de otra forma" a través de este tipo de alquileres.
En concreto, los proyectos de vivienda incluyen pisos de 60 metros cuadrados con un máximo de dos habitaciones y cocina propia pero también espacios comunes de lavandería, zona de estar y parking para bicis, entre otros elementos, de forma que los jóvenes puedan tener "calidez" en su forma de vida ante el incremento registrado por la Junta en las solicitudes de ayuda para alquiler de habitaciones, en vez de pisos completos.
La mitad de la cuantía destinada a este proyecto "novedoso" en materia de habitabilidad de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio procede de fondos europeos, mientras que la mitad restante será aportada por la Junta de Castilla y León, tal y como reveló, en declaraciones recogidas por Ical, la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno autonómico, María Pardo.
Detalló también Pardo que en Valladolid se construirá más de un tercio de estas viviendas, en concreto 463, que en su mayoría serán proyectadas por la empresa pública Somacyl, con una inversión total de 40 millones de euros, si bien el Ayuntamiento de la capital vallisoletana construirá 36 de estas viviendas al mostrar interés en participar activamente en este programa.
Una situación que, además de en Valladolid, se ha dado también con el Ayuntamiento de Salamanca, que construirá dos promociones hasta acercarse al centenar de viviendas, y que se debe a la asunción del 50 por ciento de la cuantía necesaria para llevar a cabo los proyectos, motivo por el que Pardo detalló que "el resto de ayuntamientos no han accedido porque no todas las administraciones pueden", si bien matizó que en esos casos de ciudades mayores de 20.000 habitantes, también se desarrollarán este tipo de viviendas como parte del programa de la Junta.
Asimismo, María Pardo también detalló que en Valladolid la construcción se llevará a cabo en distintas zonas entre las que se incluyen Parque Alameda, la azucarera de Santa Victoria, la calle Mieses o una zona del plan parcial integrado de Medina del Campo, y en concreto, y para toda la Comunidad, el objetivo es tener todas las obras licitadas antes de que finalice el año 2023 y terminada su construcción en 2026, dado que al proceder la mitad de la cuantía destinada para la edificación de fondos europeos, "en diciembre de 2026 todo el dinero tiene que estar justificado".
Además de esta línea, Pardo detalló otras líneas del parque público de la Junta en régimen de alquiler como es la rehabilitación de las viviendas de camineros, con el ejemplo de las seis viviendas de Medina de Rioseco que se rehabilitarán con un presupuesto cercano al millón de euros para destinarlas al alquiler social; y la continuación del programa Rehabitare, "ya conocido y con el que los ayuntamientos nos ceden las antiguas casas del sacerdote o el maestro para rehabilitarlas y destinarlas a familias vulnerables para alquiler social". En esta línea, y en concreto en la provincia de Valladolid, la Junta pretende invertir, hasta el final de la presente legislatura, 1,3 millones de euros para la rehabilitación de 28 viviendas.
Todo ello como parte de las políticas de incremento del parque público de vivienda de la Junta que, en total, durante los años de la presente legislatura, espera incorporar 551 viviendas con una inversión cerca a los 50 millones de euros, cifras que, no obstante, matizó que pueden ir "al alza o a la baja" en función del contexto, pero que a día de hoy cuentan "con proyecto presupuestario para realizarlo".
Así, en relación al parque en régimen de venta con fondos propios, detalló que la Junta ha iniciado una línea para la construcción de viviendas de protección oficial en municipios menores de 10.000 habitantes, dentro de la política de ayuda a la vivienda joven y de combate a la despoblación en el medio rural, ya que "si un joven de hasta 35 años quiere adquirir una vivienda en un pueblo, la junta le paga el 20 por ciento del precio de adquisición".
Por último, la directora general de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo también se refirió a las ayudas destinadas a la rehabilitación energética, donde la Junta tiene abiertas convocatorias "durante mucho tiempo" para la reducción de gases de efecto invernadero en edificios, con fondos europeos procedentes del proyecto 'Next Generation'.
Estas convocatorias de rehabilitación energética también suponen, como recordó María Pardo, la reducción de la factura energética en un momento en que los ciudadanos "vivimos muchas dificultades para pagar la factura térmica".
Entre las ayudas, se incluyen las destinadas a la eficiencia energética de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético entre un 30 y un 35 por ciento, a través de inversiones ante las que la Junta aporta entre 6.300 y 18.800 euros por vivienda. La segunda línea, destinada exclusivamente a viviendas, permite obtener ayudas de hasta el 40 por ciento de la inversión o un máximo de 3.000 euros por vivienda para exigencias de reducción de consumo más pequeñas, si bien estas ayudas pueden llegar al cien por cien si la familia es vulnerable.
Por último, apuntó a la convocatoria para el libro de edificio existente, destinada a financiar a los particulares que quieran acudir a un profesional para que les diga "qué tienen que hacer para que su edificio sea eficiente", y una última línea de fondos europeos para la rehabilitación de barrios, que "ha suscitado el interés de varios ayuntamientos" entre los que incluyó las poblaciones vallisoletanas de Tiedra, Villalar de los Comuneros y Peñafiel.
