El macrojuicio de la 'Perla negra' se retomará en 2023 tras suspenderse por no haberse dado traslado completo de todas las actuaciones a la defensa

El caso de la 'Perla negra', el primer macroproceso de corrupción política y económica que se juzga en la historia de Castilla y León, se retomará en 2023 después de que el pasado mes de marzo la Audiencia Provincial decidiera suspenderlo al considerar que no se había dado traslado completo de todas las actuaciones a la partes y con el fin de evitar que se vulnere el derecho de defensa de los acusados.

Los abogados de los exviceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y de la mayor parte de las defensas argumentaron que no habían tenido acceso a la totalidad de la causa pese a haber transcurrido más de nueve años desde el inicial auto de imputación, en octubre de 2013 por parte del Juzgado número 2.

Pero si marzo el juicio se suspendió y la Audiencia Provincial devolvió la causa al Juzgado de Instrucción número 2, en diciembre la situación se volvió a repetir y, de nuevo, la Audiencia devolvía la causa con los mismos argumentos y con el fin de garantizar que todas las partes personadas en el proceso reciban, tanto en soporte papel como en soporte digital, todas las actuaciones. Esta situación hace previsible que, en el mejor de los casos, el juicio no arranque hasta el segundo semestre de 2023.

En la vista se juzgará los delitos relacionados con la compra del Centro de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y de los terrenos para el fallido polígono industrial de Portillo, ambos en Valladolid. En total son doce las personas imputadas, entre ellos los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández, y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán.

Las peticiones de cárcel oscilan entre los 79 años en su conjunto que solicita la Fiscalía para los doce imputados, los 221 interesados por el Partido Socialista de Castilla y León, como acusación popular, y los 20 años que globalmente pide la Junta, en calidad de acusación particular, para ocho de los encausados.

En el caso de la Fiscalía, las penas más elevadas se solicitan para los viceconsejeros Rafael Delgado y Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a razón de once años de privación de libertad para cada uno de ellos. En su escrito, el Ministerio Fiscal imputa al primero de ellos un delito continuado de prevaricación, otro de revelación de secretos en concurso con otro de tráfico de influencia y un delito continuado de malversación de caudales, mientras que a los otros dos les considera autores de un delito continuado de revelación de secretos y de otro continuado de malversación.

Delitos contra la libertad sexual

La Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual entró en vigor el 7 de octubre. El Ministerio de Igualdad, principal impulsor de esta norma, pretendía convertir con este cambio cualquier acto sexual sin consentimiento en delito de agresión sexual. De esta manera, los abusos sexuales que hasta ahora sí que estaban contemplados en el Código Penal, desaparecieron para ser calificados como agresiones sexuales.

Aunque la intención de la ley era endurecer los delitos de abusos sexuales, su aplicación está teniendo el efecto contrario y ha abierto la horquilla a la reducción de las condenas de agresores sexuales, por lo que muchos de los condenados por delitos de agresiones sexuales, incluidos a menores, ya se han visto beneficiados con reducciones de condena. En Castilla y León, las audiencias provinciales de León, Segovia y Valladolid fueron las primeras en aplicar la nueva ley y rebajar las penas.

En medio de esta polémica, el Tribunal Supremo (TS) fijó que la aplicación de la conocida como ley de ?solo sí es sí? es obligatoria por ser más favorable al reo. Así se pronunció en la sentencia dictada al resolver los recursos de casación del ?caso Arandina?, en la que la Sala de lo Penal condenó a nueve años de cárcel a los dos exjugadores de la Arandina, lo que supuso elevar sus penas -desde los 4 y 3 años que había fijado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL)- tras eliminar la atenuante que se había apreciado por la cercanía de edad y madurez entre condenados y víctima. No obstante, el Ministerio Público pedía diez años de condena y el TS lo dejó en un año menos por la aplicación de la 'ley del solo sí es sí'.

Niñas de Aguilar

Por otra parte, la defensa de la familia de Virginia Guerrero y Manuela Torres, las niñas desaparecidas en Aguilar de Campoo (Palencia) en 1992, anunció en octubre la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional al entender que "se han vulnerado los derechos fundamentales", como es el de la "tutela judicial efectiva", después de que la Audiencia Provincial de Palencia notificara la confirmación del sobreseimiento y archivo definitivo de la causa.

El día 14 de abril de 1992, las dos menores, de 13 y 14 años de edad, viajaron en tren desde la localidad de Aguilar de Campoo, donde residían, a Reinosa (Cantabria). Allí, fueron vistas en una discoteca de la localidad y, más tarde, a la altura de la fábrica de galletas Cuétara, donde hacían autostop. Según testigos presenciales, a última hora de la tarde, ambas, subieron a un vehículo Seat 127 color blanco o claro, siendo ésta la última noticia que se tuvo de ellas.

Las diligencias de investigación fueron reabiertas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Cervera de Pisuerga después de que una mujer alertara en un programa de televisión de que un año antes de la desaparición de ambas menores y, en la misma zona, ella había escapado de un varón a cuyo Seat 127 blanco se subió.

Alcalde de Medinaceli

Mientras tanto, en marzo la Audiencia Provincial de Soria condenaba al alcalde de Medinaceli, Felipe Utrilla y al teniente alcalde de esta localidad, Javier Fernández, como autores ambos de un delito continuado de prevaricación, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de carácter electivo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años para cada uno de ellos.

Por otra parte, en julio se oficializaba el nombramiento del salmantino Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. El jurista salmantino, quien ingresó en la Carrera Fiscal en el año 1998, ejercía como mano derecha de Delgado en las labores de la Fiscalía General del Estado. Nacido en 1967, durante su trayectoria jurídica fue fiscal coordinador de Adscripción de Menorca entre los años 2000 a 2002. En 2004 se convirtió en fiscal especialista en Medio Ambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Durante esta etapa asumió la acusación pública en el Caso Prestige en el año 2005. 

Tras casi dos décadas dedicado a la especialidad de Medio Ambiente, en 2020 la fiscal general Dolores Delgado le ascendió a la categoría de Fiscal de Sala y le nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Ciudad de la Justicia

Por último, la Ciudad de la Justicia de Valladolid, el proyecto para agrupar la dispersión de sedes judiciales de la ciudad en el antiguo colegio El Salvador, continúa sumando retrasos, mientras que la paciencia del Ayuntamiento se agota. Tras conocer que el Ministerio de Justicia solo presupuestó una partida de 200.000 euros en los Presupuestos de 2023, el alcalde, Óscar Puente, calificaba de "tomadura de pelo" la decisión y anunciaba la suspensión de la tramitación.

No obstante, días después la situación se recondujo y el Ayuntamiento y el Ministerio de Justicia firmaban un protocolo por el que las obras de la Ciudad de la Justicia, proyecto que contará con un presupuesto de 80 millones de euros, deberán comenzar en 2024.