Castilla y León va a recibir del Gobierno de España un total de 10,8 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda joven a través del Bono Alquiler Joven, tal y como ha señalado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, quien ha mostrado el compromiso del Ejecutivo para "facilitar el acceso de la vivienda a los jóvenes".
A este respecto, Virginia Barcones ha señalado que esta medida ha resultado "claramente exitosa, con más de 14.000 solicitudes presentadas en Castilla y León" para optar a esta ayuda de hasta 250 euros destinada al pago del alquiler de vivienda entre jóvenes de entre 18 y 35 años.
Además, ha apuntado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado ya un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Castilla y León que va a permitir la promoción de cerca de un millar de viviendas de protección pública energéticamente eficientes para alquiler social, principalmente para jóvenes.
Para el desarrollo de estas actuaciones, el Mitma va a aportar 27,2 millones de euros este año provenientes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según un comunicado del Mitma recogido por Europa Press.
"La vivienda es un requisito imprescindible para el desarrollo personal de la ciudadanía y este Gobierno concibe la vivienda no solo como un derecho sino como una necesidad democrática, porque de ella depende el ejercicio de otros derechos fundamentales", ha defendido Barcones.
Por ello, ha apuntado, "la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez contempla el acceso a la vivienda en el centro de sus políticas", reconociendo la vivienda "como el quinto pilar del Estado de bienestar".
Dentro de esta línea de trabajo, "satisfacer la necesidad de vivienda de aquellos colectivos más desfavorecidos, en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social y, con carácter general, de todos aquellos que tengan dificultades de acceso a la vivienda en el mercado, como los jóvenes, es una de las líneas de trabajo fundamentales", ha añadido. Porque "los jóvenes son el presente pero, sobre todo, son el futuro", ha justificado.
Por ello, ha insistido, "hay que trabajar por ofrecer a los jóvenes, las mejores condiciones y generar oportunidades que les permitan desarrollar un proyecto de vida en nuestro territorio", ha remarcado.
"Dotar a los jóvenes de una vivienda digna y asequible, facilitar su emancipación, es una de las claves en este sentido", ha añadido.La delegada ha incidido también en la importancia de este tipo de medidas "para lograr una mayor cohesión social y reducir las desigualdades".
Además, ha apuntado que "facilitar el acceso a la vivienda se me antoja básico para afrontar uno de los grandes retos que tenemos en esta comunidad, la despoblación".
"Es necesario que tengan opciones de prepararse y, después, desarrollar su carrera profesional. Pero, también, resulta clave que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada si queremos facilitar su asentamiento en Castilla y León", ha defendido, abogando por impulsar medidas como el Bono de Alquiler Joven que facilitar el arraigo de los jóvenes en la comunidad y ayudan a combatir así el reto demográfico.
"Tras el éxito de la primera convocatoria, con más de 14.000 solicitudes presentadas en Castilla y León en 2022, el Bono de Alquiler Joven se consolida. Para este 2023, el Gobierno de España contempla una aportación de fondos estatales de 200 millones de euros destinados al Bono Alquiler Joven y, de estos,a Castilla y León van a llegar casi 11", ha acentuado la representante del Gobierno en la comunidad.
El Bono Alquiler Joven consiste en ayudas de hasta 250 euros mensuales para fomentar el alquiler de viviendas entre los más jóvenes de la sociedad. El bono está destinado a inquilinos de entre 18 y 35 años y se concede por dos años, por lo que la ayuda total asciende a 6.000 euros (a razón de 250 euros al mes).
Los beneficiarios deben acreditar rentas de trabajo, es decir, contar con un contrato de trabajo. Además, sus ingresos anuales, con carácter general, deben ser inferiores a 3 veces el IPREM.
El inmueble tiene que estar declarado en Hacienda. Además, la vivienda tiene que figurar como residencia habitual, certificada mediante el certificado de empadronamiento del solicitante.
Este bono, que busca facilitar la emancipación de los jóvenes, está regulado por el Real Decreto de 18 de enero de 2022. Está financiado por el Gobierno central pero su implantación corresponde a las comunidades autónomas, por lo que Barcones ha destacado "el trabajo conjunto entre administraciones para ofrecer soluciones a la ciudadanía en el ámbito de la vivienda".
"Los ciudadanos necesitan que, frente a sus problemas, haya instituciones delante que aporten alternativas viables y eficaces. Eso es la política y ahí debemos trabajar todos de la mano", ha invitado.
La delegada ha incidido también en la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones territoriales para "aprovechar la oportunidad que suponen los fondos europeos, que contribuyen a asegurar el cumplimiento por parte de nuestro país de los compromisos de impulso de la rehabilitación edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030".
En este sentido, la delegada ha recordado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) firmó el pasado mes de diciembre un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Castilla y León que va a permitir la promoción de 914 viviendas de protección pública energéticamente eficientes para alquiler social, principalmente para jóvenes.
Para el desarrollo de estas actuaciones, Mitma va a aportar 27,2 millones de euros este año de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que se suman a los entregados ya el año pasado. "Se debe conseguir una oferta suficiente de viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles", ha justificado Barcones.
