Una imagen actualizada de la economía española (VI)

Tamames repasa el interés por el medio ambiente en instituciones y sociedades ecológicas

Ramón Tamames Gómez
Jueves, 16, Febrero, 2023
Economía

Actualmente, nos parece de lo más normal encontrarnos cada día con siglas muy diferentes, pero en buena medida, muchas de ellas relacionadas con el medio ambiente, porque ya forman parte de una sociedad compleja en la que el entorno se considera como una pieza importante de la vida global y cotidiana. Pero en los años de las décadas de 1960 y 1970, eso era una excepción. Muy pocos dedicaban a la naturaleza alguna atención, con la mayoría que aún pensaban que era bueno que un país fuese industrial, con mucho humo en las chimeneas, y gases en la ciudad debido a la circulación del automóvil: dos expresiones por las que no se sentía aversión, porque significaban un cierto progreso industrial y urbano. Todo eso pasó ya definitivamente a la historia, pero es bueno que hoy tengamos una idea de cómo surgió el cambio con instituciones y sociedades ecológicas que nos merecen un respeto en el recuerdo. Es precisamente la materia en que entramos en esta entrega de hoy, de la serie sobre lo más significativo de España como estructura económica, especialmente dedicada a los lectores de Tribuna.

Las primeras instituciones de defensa de la naturaleza

La Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Humano, celebrada en 1972 en Estocolmo, tuvo un gran impacto en la proliferación de entidades ecologistas con gran actividad. Entre las que permanece, Greenpeace (ya existía Amigos de la Tierra), a escala mundial, y ADENA (integrada en Amigos de la Tierra a escala mundial), y Ecologistas en Acción, en España.

El Instituto de Conservación de la Naturaleza (ICONA), surgió de la 'reforma Allende García Baxter', del Ministerio de Agricultura, que se llevó a cabo en 1971. Del extinto ICONA, habremos de ocuparnos más detenidamente al referirnos a la economía forestal en el capítulo 4. Destaquemos aquí solamente que entre sus objetivos[1] figuraban "el mantenimiento y reconstrucción de la protección del paisaje, la creación y administración de los Parques Nacionales y Sitios Naturales de Inte­rés Nacional, la protección, conservación y fomento y ordenado aprovechamiento de las riquezas piscícola continental y cinegética, y la aplicación de las medidas conducentes a la consecución de estos fines".

En cuanto a las asociaciones privadas de defensa del medio ambiente, surgidas en los primeros años 70, hay que citar: ADENA (Asociación de Defensa de la Naturaleza), que se ocupó predominantemente de la conservación de la fauna y hoy es la sección española del WWT.

AEORMA (Asociación Española de la Ordenación del Medio Ambiente[2]) de preocupaciones más globales, que se centró en la defensa de áreas naturales, como la Sierra de Guadarrama, Los Ancares, Coto de Doñana, las Tablas de Daimiel, etc., lugares todos ellos amenazados por urbanizaciones, puesta en regadío, etc. Hay que citar, después, ASCAN (Asociación Canaria de Amigos de la Naturaleza), ASTAN (Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza); muestras de la inquietud que empezaba a manifestarse a nivel regional y local[3].

En 1971, ASELCA (Asociación Española de Lucha contra la Contaminación Ambiental), fue creada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación[4], que agrupó por un tiempo los intereses de los sectores industriales contaminantes (papelero, textil, siderúrgico, químico y alimentario).

Entre las entidades oficiales habrá que mencionar la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que el 29 de enero de 1971, creo un Comité Interministerial para el Acondicionamiento del Medio Ambiente. Posteriormente, y con vistas a la primera Conferencia de Estocolmo de las Naciones Unidas, el Consejo de Ministros, en su reunión del 7 de abril de 1972, aprobó un Decreto de la Presidencia del Gobierno en virtud del cual se dio acta de nacimiento a la Comisión Delegada del Gobierno para el Medio Ambiente y a la Comisión In­terministerial de igual denominación (CIMA)[5].

La atención al medio ambiente tuvo su formulación de más alto rango político en la Constitución de 1978, en cuyo artículo 45 se sientan las bases de una nueva política medioambiental. Así las cosas, en línea con la creciente preocupación por los problemas del medio ambiente, por Real Decreto 930/1979, de 27 de abril, se reestructuró la Subsecretaría de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Quedó formada esa subsecretaría por dos Direcciones Generales (Acción Territorial y Urbanismo, y Medio Ambiente), dos Comisiones In­terministeriales (la CIMA antes referida, y la Comisión Inter­ministerial de Ordenación del Territorio), y el CEOTMA, o Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente.

Pero como se puso de relieve en El Libro de la Naturaleza[6], estaba sin resolver la falta de coordinación de la política ambiental. Si recordamos que los problemas ecológicos no tienen fronteras internacionales (ahí están la desertificación, la lluvia ácida, la sobrepesca, etc.), mucho menos pueden tener límites de una comunidad autónoma a otra. Por ello, se plantea la cuestión de cómo federalizar -coordinar eficazmente- tales cuestiones en un Consejo sobre Medio Ambiente con, poderes más amplios y eficaces.

En mayo de 1996, al constituirse el primer Gobierno Aznar del PP, se creó el Ministerio de Medio Ambiente -siendo su primera titular Isabel Tocino-, que concentró las competencias antes dispersas en otros Departamentos de la Administración General del Estado. Los ejes de actuación prioritarios del Ministerio fueron la biodiversidad (vida silvestre, política forestal y desertificación), el agua (en colaboración con las Confederaciones Hidrográficas), la prevención de la contaminación y el cambio climático, a cuyo fin se elaboró la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia, que con horizonte en 2012 recogió una serie de políticas y medidas para mitigar el efecto invernadero y paliar sus consecuencias adversas. Luego, la Adminisstración de Medio Ambiente ha experimentado muchos cambios hasta llegar, en 2018, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Dejamos aquí el tema por hoy, para seguir el próximo viernes. Y como siempre, los lectores de Tribuna pueden conectar con el autor en castecien@bitmailer.net.

[1] Véase a este respecto el artículo de Manuel Aulló Urech, «Conservación de la Naturaleza», en Información Comercial Española, núm. 466, junio de 1972, págs. 47 y sigs.

[2] Creada por Carlos Carrasco y Ramón Tamames, su primer Presidente de Honor fue Juan Carlos de Borbón, en sus tiempos de Príncipe de España, en 1970.

[3] En El libro de la Naturaleza, de El País, en 1984, figura información sobre casi dos centenares de organizaciones ecológicas que contestaron a una encuesta ad hoc. Posteriormente, la D. G. de Medio Ambiente (elevada a categoría del Ministerio desde las elecciones del 3 de marzo de 1996) ha venido manteniendo al día una especie de repertorio. Sobre ADENA, las declaraciones de su secretaria general, Cristina García Orcoyen, en Cinco Días, 20.II.1990.

[4] Nota de Economía Industrial, núm. 95, noviembre de 1971, pág. 117.

[5] Fernando Mola de Esteban Cerrada, «La protección ambiental en el derecho comparado», en Economía Industrial, núm. 107, noviembre 1972, págs. 33 y 38.

[6] Que con Catalina Brenan y Santos Ruesga dirigió R. Tamames para El País (Madrid, 1984).

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