El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado hoy que habrá una aportación económica del Ejecutivo autonómico, aún por determinar en su cuantía, para garantizar la continuidad del Servicio de Relaciones Laborales (Serla), como le pide desde hace semanas la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CCOO, aunque ha apostillado que es necesario un esfuerzo de "austeridad".
"Vamos a ver la cantidad", ha resumido Carriedo sobre la aportación que realizará la Junta, dentro de un acuerdo con los agentes económicos y sociales y que "sí" incluiría al consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones (Vox).
Fue el representante de Vox quien planteó este recorte con referencias a que se trataba de un "chiringuito" sindical, pero que hace unos días habló de la posibilidad de rebajar a la mitad el presupuesto del Serla a unos 500.000 euros, justo la cantidad prevista en los Presupuestos de 2023 para mediación laboral, pero sin estar vinculada al Serla.
Preguntado por la respuesta que dará la Junta al requerimiento enviado por el Gobierno central para reponer el servicio de mediación laboral prestado por el Serla, Fernández Carriedo ha recordado que tienen un plazo de dos meses para contestar, por lo que los Servicios Jurídicos de la Junta están analizando los argumentos que se pondrán encima de la mesa para la contestación.
No obstante, el portavoz de la Junta ha aprovechado para remarcar que el tuit con el que la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, anunció el requerimiento hablaba de reponer, pero el servicio se mantiene actualmente activo -aunque sus responsables han trasladado a los agentes sociales que el remanente de 2022 con el que han trabajado estos dos meses y medio se agota-.
"El compromiso es cumplir la ley y realizar las aportaciones necesarias", ha apostillado Carriedo, crítico con que el Gobierno envíe requerimientos a Castilla y León pero no a Cataluña para que cumpla con la sentencia acerca de la escolarización en castellano. Sin citar a esa autonomía, el portavoz ha dicho que le llama la atención que "un presidente autonómico manifestó que no iba a cumplir una ley y una sentencia y añadía que había pactado con el presidente del Gobierno que no le presentaría un requerimiento, ni llevaría la cuestión al Tribunal Constituiconal por incumplir".
En este sentido, se ha preguntado "¿por qué persigue con esa insistencia a Castilla y León?" y no hace lo propio con otras autonomías que anuncian que incumplirán leyes o sentencias.
