Aunque pueda sonar extraño para nuestros políticos, en su inmensa mayoría más de pocas letras que de alguna ciencia, esto en el fondo es cuestión de números. Por ejemplo, en Barcelona, Ada Colau se empeña en demostrarnos que no sabe contar cuando dice que "unos centenares" se manifestaron el pasado día 12 en contra de la okupación. Más que nada porque las imágenes muestran concentraciones multitudinarias. Peor aún es cuando se empeña en explicar, un argumento que por cierto comparte con Patxi López, que la okupación no es un problema, porque solo afecta al 0,7% de las viviendas en España.
Como en 2022 "sólo" hubo 17.000 denuncias, más de la mitad en Cataluña, y en toda España hay más de 26 millones de viviendas, la okupación se reduce a una campaña de la ultraderecha que magnifica un hecho residual. Pero si aplicamos este argumento a las mujeres asesinadas por violencia de género, 49 en 2022, resulta que son un 0,00019% de las que viven en España. Y desde luego no son un hecho residual.
El problema de Ada Colau es que los números no mienten. Tampoco si nos fijamos en cómo han subido los precios o se ha paralizado la construcción en Barcelona desde que la alcaldesa aprobó esa ley de vivienda que ahora le ha copiado el Gobierno. Ha conseguido que los precios suban un 25% mientras que en el conjunto de España sólo un 8,5% y en Madrid un 12%. Esto lo van a solucionar Colau y Belarra con una ley contra a las empresas de desokupación. Para ellas, los vulnerables son los okupas y los que se tienen que aguantar son los que se quedan en la calle porque les han quitado sus casas.
El razonamiento no puede ser más sensato. Como el que aplican a esa empresa energética municipal que ha montado la alcaldesa, que desde 2019 ha conseguido 5.387 clientes y que pierde 800.000 euros al año. Claro que su objetivo es combatir el cambio climático y eso lo justifica todo. Por eso igual puede resultar sorprendente que Tersa, la empresa pública que gestiona Barcelona Energía, haya sido denunciada y el concejal que la preside, Eloi Badía, haya sido imputado por delito ecológico. Resulta que falseaba sus datos de emisiones y emitía partículas cancerígenas como si no hubiese un mañana. Son las bondades de las empresas públicas, que han venido a salvarnos de las garras del maligno sector privado.
No puedo reprimir la impaciencia, los días se me hacen años esperando a los supermercados de Belarra y a su conglomerado de empresas públicas. Y como de números va la cosa, me intrigan las cuentas que ha debido echar otra de las socias de Sánchez, Mónica García, para decir eso de que "hay unos pocos que viven muy por encima de sus posibilidades a costa del resto de los madrileños que vivimos por debajo de nuestras posibilidades". Miedo me da pensar en los números de Mónica médico y madre, la del ático en el Retiro y el chalé en Cercedilla, si no viviese por debajo de sus posibilidades. O en los números que echa María Sánchez en Aquavall, que ya he comentado varias veces aquí, en los que mezcla gastos con inversiones y facturación con beneficios.
De números va también en el fondo la estrecha relación de Sánchez con los de Otegui, esa deleznable amistad que está ensombreciendo esos otros números millonarios con los que quería regar la campaña. Ni los miles de millones en ayudas y subvenciones, ni los dos euros por ir al cine los martes. Todo se ha reducido a 44, y ahora a 7 y 37. Son los que han asesinado y los que no, los que han prometido que van a renunciar si son elegidos y los que no lo harán, los que apretaban el gatillo y daban en el Blanco y los que fallaban, se les encasquillaba la pistola o se limitaban a secuestrar o a proporcionar apoyo a los otros.
Lo de los 7 "no es decente". Pero con los otros 37 no hay problema. Como tampoco hay problema con Otegui, que no sólo fue condenado por pertenencia a ETA y fue en las listas, sino que es diputado, coordinador general de EH Bildu, socio preferente de Sánchez y será candidato a Lendakari el año que viene. Se lo explicaba el presidente, en un tono paternal y comprensivo a la diputada Mertxe Aizpurua, la editora de Egin, ese periódico que celebraba "la vuelta a la cárcel" del funcionario de prisiones Ortega Lara cuando fue liberado.
"Ustedes se han equivocado en la elaboración de las listas", le decía Sánchez. Un poco lo mismo que ha dicho Óscar Puente, aunque ya sabemos que él es siempre más mordaz en sus expresiones. Así, lo que para Sánchez es una equivocación, para Puente es una "torpeza y una estupidez". Pero para el alcalde, igual que para Sánchez, "lo importante es que se están integrando en la vida democrática de este país, que es lo que hace falta".
Y todo se reduce a eso, a una torpeza, un error o una estupidez. Porque como dice el amigo de Puente, "nosotros estamos aquí para solucionar la vida de la gente, en la política propositiva". En todo caso y volviendo a los números, la vida de los 853 asesinados por ETA ya no hace falta que la solucionen ni Sánchez ni Don Óscar. Pero claro, si volvemos a la teoría de los porcentajes de Patxi López, los asesinados, entre ellos varios niños, son solo un 0,002% de los españoles y eso tampoco debería ser un problema, sino otro hecho residual.
Pero por mucho que se empeñen Sánchez y Puente, Bildu no ha incluido en sus listas ni a los 7 ni a los 37 por error, ni por torpeza, ni por estupidez. No los ha incluido a pesar de su pasado manchado de sangre, sino que figuran en las listas precisamente gracias a ese pasado. Los incluye porque sus votantes, hoy, siguen pensando que un militar, un guardia civil, un concejal, un periodista, un niño, un cliente del Hipercor o un inmigrante que pasaba por el aeropuerto de Barajas es un fascista. Y matar fascistas es una hazaña que debe ser recordada con orgullo y sus autores deben ser homenajeados al salir de la cárcel y recompensados con cargos y sueldos públicos.
Lo que empezó siendo una cuestión de números, de cinco diputados en el Congreso, de siete en el Parlamento de Navarra, o de 21 en el Parlamento Vasco con los que aliarse para completar las mayorías socialistas, ha acabado siendo un amor tóxico en virtud del cual cualquier gueto separatista de extrema izquierda se ha convertido en un lugar más confortable de habitar que el Madrid de Ayuso, la Andalucía de Bonilla o la Castilla y León de Mañueco.
Bildu sigue en su sitio, reivindicando su "lucha armada" y homenajeando a los asesinos. Siguen teniendo, como dice su declaración del 18 de octubre de 2021, "una asignatura pendiente con la resolución de las causas del conflicto". Y Podemos y sus "confluencias" los arropan, como han hecho desde el principio, cuando Pablo Iglesias justificaba el terrorismo en las herriko tabernas y elevaba a Txepe a la categoría de héroe. Son otros los que se han movido y han corrido a abrazarlos. Y por eso, por mucho que Óscar Puente se empeñe en negarlo, él y Pedro Sánchez, al que va a recibir en Valladolid el domingo, sí tienen mucho que ver con Bildu, con los etarras y con quienes los defienden. Es una cuestión números: de 5 diputados o de 3 concejales. Los necesitan y seguirán contando con ellos.
