Piden seis años de cárcel por estafar 3.800 euros a una pareja
Les hicieron creer la concesión de un préstamo, y para ello necesitaban todos sus datos personales y bancarios
La Policía Nacional desmonta una red criminal dedicada, presuntamente, a la trata de mujeres en Valladolid
Cinco mujeres latinoamericanas han sido liberadas y cinco personas han sido detenidas, ingresando en prisión provisional la principal investigada
La Policía Nacional ha desarticulado este viernes, 15 de marzo, un entramado criminal que estaba especializado, presuntamente, en la trata de mujeres de origen latinoamericano para su explotación sexual en pisos de citas ubicados en ciudades españolas como Santander, Valladolid y Avilés. Estas víctimas eran captadas en sus países de origen bajo una falsa oferta de trabajo de España como webcammer. Cinco personas han sido arrestadas, tres en Cantabria, una en Madrid y una en Avilés, entre las que se encuentra la principal responsable del grupo que ya ha ingresado en prisión provisional.
La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer que decía ser víctima de una trama de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la región de Cantabria. Los agentes iniciaron una serie de investigaciones que les permitieron corroborar la existencia de ese entramado criminal asentado en la localidad cántabra de Torrelavega, pero que desarrollaba su actividad delictiva en varios pisos de citas ubicados en diferentes puntos nacionales.
Las víctimas, cuando llegaban a España, eran enviadas a los pisos de citas donde se les retiraba el pasaporte y se les informaba de la deuda económica que habían contraído, que podía alcanzar los 6.500 euros. La forma de cumplirla era a través del ejercicio de la prostitución.
Las mujeres debían estar disponibles las 24 horas del día, siete días a la semana, y solo podían descansar cuando así lo establecía la responsable de la organización. Tenían que pedir permiso para bañarse o para salir a la calle y eran obligadas a recibir a los clientes aunque estuvieran enfermas o con la menstruación. Los servicios que ofrecían eran publicados en webs sexuales y, por ello, debían pagar 100 euros semanales al entramado, lo que incrementaba la deuda inicial. La principal investigada era quien respondía a las peticiones de los clientes recibidas mediante llamadas telefónicas o a través de una aplicación de mensajería instantánea, controlando así la cantidad y la duración de los servicios.
La explotación sexual se realizaba en pisos de citas regentados por terceras personas, quienes se dedicaban al alquiler de habitaciones para el ejercicio de la prostitución y que no siempre eran conocedoras de que esas mujeres estaban siendo forzadas a llevar a cabo esa actividad para saldar una deuda con sus traficantes.