Cerca de 300 empleados de Intrum Valladolid han salido a la calles para reclamar que el expediente de regulación de empleo (ERE) que plantea la empresa, que afectaría a 161 de ellos, sea cien por cien voluntario, con condiciones de despido improcedente y que no suponga recorte de derechos para el resto.
En el centro e atención telefónica y de gestión de activos inmobiliarios de Valladolid trabajan actualmente 500 empleados. Botes de humo rojo, pitadas, canciones protesta y pancartas en contra del ERE y de la gestión de este grupo que opera en España en varias capitales han protagonizado la movilización que han hecho los trabajadores desde la Consejería de Industria y hasta la sede de la firma en Valladolid, de la mano de los dos sindicatos con representación en el Comité en ese centro de trabajo, UGT y CGT, y con críticas a la "nula" mediación de la Junta.
Esta semana, los trabajadores encaran la recta final en la mesa de negociación, con reuniones mañana y el miércoles y el viernes acabaría el periodo para negociar, de ahí esta jornada de huelga de 24 horas de este lunes en el centro de Valladolid, que ha sido "secundada masivamente", ha trasladado el presidente del Comité vallisoletano, Jaime Esteban, de CGT.
"En estos momentos la negociación está estancada porque la empresa a mitad de negociación el miércoles pasado, la cuarta reunión, además del ajuste de 646 despidos en centros de toda España ha metido una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en cuanto a beneficios sociales, horarios o retribuciones variables", ha explicado Esteban.
Piden a la empresa que reiteren esa modificación de las condiciones laborales y que se negocie en una mesa paralela y que el ERE sea cien por cien voluntario con las condiciones como mínimo del despido improcedente, en lugar de los 26 días por año trabajado con un máximo de 14 mensualidades que ofrece la firma.
Desde UGT, Francisco Martín ha recordado que de los 515 trabajadores, 400 son mujeres con un volumen importante de jornadas parciales, y ha insistido en que no haya ningún despido forzosos y ha criticado que la "nula mediación" del consejero de Industria, Mariano Veganzones, se ha limitado a una reunión inicial para explicarles lo que hace la Fundación Anclaje.
"No ha habido ido ninguna mediación ni ninguna labor por parte de la administración que tiene las competencias para intentar mitigar o mermar este expediente de regulación de empleo", ha trasladado Martín. En el caso de que no hubiera acuerdo, los afectados por el ERE se irían con 20 días por año con un máximo de 12 mensualidades.
El ERE afecta inicialmente a los centros de trabajo de Alicante, Almería, Barcelona, Huelva, Madrid, Valladolid y Zaragoza; y a las sociedades Intrum Servicing Spain, Aktua Soluciones Financieras, Aktua Soluciones Financieras Holdings, Haya Real Estate, Intrum Holdings Spain y Solvia Servicios Inmobiliarios.En 2018, hubo otro ERE que afectó a cerca de 350 trabajadores
