Una agente de la Policía Nacional será juzgada el próximo lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid por delitos de tráfico de drogas y revelación de secretos, por los que la Fiscalía pide provisionalmente penas que suman diez años y nueve meses de prisión.
En el banquillo de los acusados también se sentará la pareja de la agente, para el que el ministerio publico reclama cuatro años y seis meses de prisión por un delito contra la salud pública.
Fue a finales de enero de 2023 cuando agentes de la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, tras recibir varios avisos, iniciaron una labor de vigilancia y seguimiento de la procesada ante la posibilidad de que estuviera traficando con drogas en su domicilio y en las inmediaciones de la casa, según las conclusiones provisionales de la Fiscalía.
La encausada, aunque desempeñaba su jornada laboral en Madrid, residía con su compañero sentimental, también encausado, en una vivienda de la calle Mieses de Valladolid.
La vigilancia de los agentes dio como resultado la comprobación de que en el domicilio se producían frecuentes visitas de escasos minutos e incluso segundos, alguna de ellas en la vía pública, donde los policías apreciaron el intercambio de objetos de pequeño tamaño de mano a mano.
También observaron que algunas personas que habían realizado las breves visitas consumían una sustancia con apariencia de cocaína.
Tras más vigilancias y la observación de comunicaciones mantenidas por parte de la procesada a través de su línea telefónica y la del procesado -medidas que habían sido autorizadas por el Juzgado correspondiente- solicitaron la entrada y registro en el domicilio de los acusados.
En el registro, los agentes hallaron 17 billetes de cincuenta euros ocultos entre el colchón y el somier de una cama y más dinero en billetes de distintas cantidades en el cajón de una cómoda, en la que también hallaron cocaína en distintos envoltorios un carrete de alambre de jardinería y dos básculas de precisión.
En otra habitación, encontraron una libreta de color rojo con anotaciones de nombres y cantidades y recortes y envoltorios de plástico en una papelera, en la que también había una bolsa de plástico transpar3ente que, una vez analizada, arrojó un resultado positivo a cocaína.
El dinero intervenido procedía de la actividad que los acusados desarrollaban en cuanto a la venta de droga a terceras personas, según sostiene la acusación pública.
El precio total de la droga aprehendida en la casa se calculó en más de 3.000 euros si hubiera llegado al mercado ilícito.
La investigación de Asuntos Internos también desembocó en que la acusada, aprovechando su condición de agente del Cuerpo Nacional de Policía, accedió para fines particulares a información de carácter restringido o reservada sin estar debidamente autorizada para ello.
En concreto, la Fiscalía pide para la encausada siete años y seis meses de prisión, además del pago de 11.000 euros de multa, por un delito contra la salud pública, y tres años y tres meses de prisión, junto a veintiún meses de multa a razón de diez euros al día, por descubrimiento y revelación de secretos.
Para el procesado, pide cuatro años y seis meses de prisión y el abono de 6.000 euros de multa por un delito contra la salud publica.
