El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) celebra este jueves y viernes, 19 y 20 de septiembre, en Valladolid unas jornadas sobre Derecho de Familia a las que asistirán cerca de 300 expertos de toda España para formarse en las últimas novedades en esta materia.
En la Comunidad, seis de cada diez divorcios son de mutuo acuerdo y, a pesar de que el número de rupturas ha disminuido un 25 por ciento en la última década, los procesos cada vez se dilatan más en el tiempo. Sobre la situación actual de los juzgados y los asuntos a los que se enfrentan los abogados se debatirá en la I Jornada de Derecho de Familia de Castilla y León, organizada por la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) en colaboración con el CACYL y que acoge el Colegio de la Abogacía de Valladolid (ICAVA).
Sólo cuatro capitales de Castilla y León, como son Burgos, León, Salamanca y Valladolid, cuentan con juzgados de Primera Instancia especializados en asuntos de Familia. "La falta de especialización provoca numerosos retrasos en los juzgados, además de privar a gran parte de los ciudadanos de la región de seguir un cauce al que otros sí que tienen derecho", señaló el presidente del CACYL, Julio Sanz Orejudo, quien añadió que "en muchas provincias existe además una escasez grave de equipos psicosociales, lo que dilata significativamente los procesos".
En 2023, el número de divorcios y separaciones en la Comunidad alcanzó los 3.768 casos. Uno de los principales problemas que achacan los abogados de familia en su día a día es la dilación en la resolución de los procedimientos, una situación generalizada en todo el país y que en concreto en Castilla y León puedan demorarse hasta un año.
De hecho, hace diez años, la duración media de los procesos de divorcio de mutuo acuerdo en la Comunidad era de 1,8 meses, mientras que ahora se alarga hasta más de dos. En el caso de que haya que llevar el asunto ante un juez, la situación ha pasado de resolverse en siete meses a prolongarse casi hasta once. Por su parte, los procesos de modificación de medidas, que con posterioridad a la sentencia de divorcio alteran alguna cláusula de la misma, se pueden demorar hasta tres meses más que hace una década, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
"El Derecho de Familia está muy ligado a la evolución de la sociedad, por lo que su aplicación no sólo depende de modificaciones normativas sino de cambios de criterios de los tribunales, en particular el Tribunal Supremo, lo que repercute en una necesidad de constante actualización y formación de los abogados", señaló María José Sánchez González, abogada vallisoletana, vocal de la AEAFA y coordinadora de la jornada, quien apuntó que actualmente es "muy oportuno" abrir un debate entre los letrados de Familia para poner en común aspectos como la liquidación de deudas y reintegros entre cónyuges o convivientes, un extremo que se analizará en las jornadas junto con las ejecuciones del régimen de visitas o las cuestiones procesales de la reforma de la Ley de Discapacidad del año 2021.
Los plazos siempre se dilatan cuando el procedimiento es contencioso y la pareja tiene en común hijos menores, con discapacidad o mayores de edad, pero dependientes económicamente. Los equipos psicosociales, que se entrevistan con los padres y los hijos por separado para emitir un informe no vinculante que pueda orientar al juez, entran en juego únicamente si lo piden las partes, el juez o la Fiscalía.
"Cuando estos equipos intervienen, el procedimiento se frena para practicar esa prueba. Hay provincias como Valladolid que cuentan con varios equipos psicosociales, y aunque se puede retrasar tres o cuatro meses, la dilación no es tanta como en otras provincias en las que tienen que llegar incluso a externalizar la redacción de estos informes", advirtió Sánchez González. "Quizá convendría una reflexión conjunta de todos los operadores jurídicos sobre dejar de pedir de forma automática los informes que conllevan una intervención de los equipos psicosociales, porque a veces se pide innecesariamente".
Además, la abogada de familia recordó que, cuando los hijos son mayores de doce años, el juez está obligado a escucharlos en cuestiones que afectan a sus intereses. "Normalmente se les escucha en la misma sala y el mismo día que van a juicio sus padres. Deberíamos cuidar este aspecto para evitar el sufrimiento innecesario de obligar a un niño a cruzarse en el pasillo con sus padres en una situación así, porque no es lo mismo un chico de 17 años con cierta madurez que uno que acaba de cumplir doce. En otros lugares de España existen protocolos para evitar esta práctica, pero Castilla y León carece de ellos", añadió Sánchez González.
Cuando el conflicto es elevado, las partes suelen solicitar al juez medidas provisionales previas o coetáneas a la presentación de la demanda que regulen, por ejemplo, la custodia de los hijos, la cuantía de los alimentos o el uso de la vivienda familiar. "El problema es que las medidas provisionales la mayoría de las veces no son inminentes, en algunos partidos judiciales de Castilla y León se están demorando hasta ocho meses, y es especialmente grave porque estamos hablando de situaciones de conflicto importante que requieren una resolución", apuntó.
