Aunque la ley de bienestar animal cumple este domingo su primer año en vigor, el curso obligatorio de tenencia de perros, el seguro y otros aspectos siguen pendientes de reglamento y serán desarrollados con un real decreto que el Gobierno continúa perfilando, aunque por motivo de plazos no estará operativo hasta 2025.
La ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que entró en vigor con carácter general el 29 de septiembre de 2023, se tramitó en paralelo, aunque por separado, junto a una norma añadida que ha reformado el código penal sobre maltrato animal para castigar con penas más duras a los infractores.
España es un país de tradiciones en donde muchas familias conviven con mascotas; de hecho, uno de cada tres hogares lo hace, la mayoría perros y gatos, y además más de trece millones de animales de compañía están inscritos en registros, según los datos que manejan los expertos.
Para el trámite reglamentario de los aspectos pendientes de la ley de bienestar animal, el Gobierno presentó a las comunidades autónomas a mediados del mes de julio un borrador del real decreto para dicha regulación y que desarrollará 25 artículos de dicha norma.
Este desarrollo reglamentario quedó pendiente de realizarse en la anterior legislatura dado que el adelanto electoral impidió que diera tiempo a hacerlo.
En estos momentos "todavía se están estudiando" las aportaciones de las comunidades autónomas cuyo plazo para presentar propuestas expiró a mediados de este mes; el siguiente paso será someter el texto "al proceso de exposición pública", han informado a EFE fuentes del Ministerio de Derechos Sociales.
"Después vendrá el resto de la tramitación normativa, con petición de informes al resto de ministerios y otros órganos administrativos", según las mismas fuentes.
Por lo tanto no existe un plazo para su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE); "en cualquier caso será ya a lo largo del año 2025", han asegurado.
Por su parte, entidades como la Organización Colegial Veterinaria (OCV) han dicho que están "a la espera de la publicación" en el BOE del desarrollo reglamentario de los aspectos pendientes de regular en la nueva ley.
"La relación es más fluida que con el anterior general, porque se escucha el criterio técnico y científico de los veterinarios", han añadido fuentes de la OCV, que representa a 36.000 veterinarios en España.
"Se han presentado alegaciones para precisar aspectos como el de la eutanasia, que fue muy polémico, con el fin de que sea determinante el diagnóstico clínico del veterinario en función de la calidad de vida del animal, posibilidades de recuperación, etcétera".
Ha habido contactos con la Dirección General de Derechos de los Animales para "poner en marcha un curso habilitante de peritos veterinarios" de acuerdo con la ley, que estarían a disposición de los juzgados en casos de maltrato animal.
"Ya hay compañeros dedicados a esta función pero hacen falta más profesionales formados específicamente. El asunto va avanzando", según la OCV.
Según la ley de bienestar animal, las personas con perros deberán acreditar un curso de formación para la tenencia de ejemplares. Su validez será indefinida, será gratuito y su contenido se determinará reglamentariamente.
Además durante toda la vida del animal, independientemente de la raza, el responsable deberá contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros; la cuantía para sufragar posibles gastos derivados de los mismos se establecerá asimismo por reglamento.
Entre las propuestas del Gobierno a las comunidades autónomas en el borrador del real decreto de desarrollo reglamentario, se plantea que el curso de tenencia de perros no se exija a los dueños actuales, sino a los nuevos propietarios seis meses después de su publicación en el BOE.
Según el borrador del real decreto, dicho curso de formación habría de estar certificado por una autoridad competente y no tendrían que hacerlo ni los veterinarios ni los profesionales del comportamiento animal.
Por otra parte, el responsable del animal tendrá que contratar y mantener en vigor un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, vigente durante toda la vida del animal, de una cuantía de 100.000 euros; los seguros de hogar que incluyan esta casuística serían asimismo válidos.
El texto del borrador plantea a las administraciones públicas que se hagan cargo provisionalmente de cualquier animal de compañía confinado en un recinto abierto o finca en situación de riesgo por no haber sido atendidas sus necesidades básicas por la persona titular o responsable.
Asimismo, se plantean registros de forma centralizada para criadores, núcleos zoológicos y entidades de protección animal, con la propuesta de que todas estas figuras sean gestionadas por las comunidades autónomas, para luchar contra el intrusismo profesional.
Respecto a los gatos, el real decreto propone regular la protección de colonias felinas por las entidades locales, y que sea un veterinario el que apruebe el nuevo destino al que tuvieran que ser desplazadas.
