El grupo municipal Independientes por Arroyo de la Encomienda ha presentado en el Pleno municipal del Ayuntamiento de Arroyo una moción contra la okupación ilegal de viviendas y en defensa de los vecinos de la comunidad de Arroyovereda que afecta desde hace dos años.
"Ha derivado en una situación de conflicto y alteración de la convivencia", explica el grupo municipal. En la moción exigen al Gobierno de España una batería de reformas legales contra la okupación tras el "fracaso" de la reciente Ley de Vivienda que "ha empeorado la situación preexistente aún más". El texto recuerda que "las soluciones a la evidente falta de vivienda en el país no pueden pasar en ningún caso por estas expropiaciones encubiertas por parte del Gobierno de España, con las que trata de suplir su falta de acción".
IPAE se refiere directamente al caso de las viviendas Arroyovereda, donde según explican hay más de 50 pisos okupados, uno de ellos ya "legalizado por el Sareb al incluirlo en su programa de alquiler social". Por ello, plantean en esta moción "el rechazo a cualquier forma de ocupación ilegal de viviendas" y su "apoyo a los vecinos que están sufriendo sus consecuencias". En este sentido, IPAE considera que los vecinos de esa comunidad de la calle Narciso Monturiol son "víctimas del propio sistema y de una convivencia obligada con quienes han ocupado lo que no es suyo".
Por todo ello, desde el Grupo Municipal de IPAE instan al Gobierno de España a "promover y aprobar todas las reformas legales necesarias para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad de las personas y bienes".
El partido liderado por Sarbelio Fernández incluye la necesidad de "arbitrar los procedimientos necesarios para proceder al desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente" y, en concreto, pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez "el cese en la aplicación de políticas que, de facto, legalizan okupaciones".
La moción de IPAE también pide "habilitar a las Juntas de Propietarios para instar a los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente" y "modificar la Ley de Bases de Régimen Local en el sentido de evitar la inscripción en el padrón municipal de cualquier ocupante ilegal y que su inscripción se considere nula a todos los efectos, incluida su utilización como prueba de residencia o domicilio".
