El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, exigió al Gobierno central que incluya en la planificación de Red Eléctrica Española (REE) para el periodo 2025-2030, actualmente en fase de estudio de propuestas y alegaciones, las subestaciones y redes hacia polígonos industriales de Castilla y León, para que la industria ubicada en estos espacios se beneficie de las energías renovables, más limpias y baratas. Al respecto, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica consultados por Ical explicaron que REE "está recopilando las propuestas de los agentes interesados" en este documento, que fue lanzado en diciembre pasado.
"Queremos que el Gobierno lo asuma, que no lo está haciendo, porque llevamos mucho tiempo exigiéndole que actúe y no hemos visto todavía ningún gesto de actuación. Es una exigencia capital, porque si no, no es posible que las empresas disfruten de esa energía", reclamó Suárez-Quiñones, durante 'Los Desayunos de Ical'. El consejero puso el foco directamente en la todavía vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera: "Somos muy generosos, siempre hemos exportado energía nuclear, hidráulica y térmica, y ahora lo hacemos también con la renovable, pero necesitamos aprovecharla. No puede ser que nosotros generemos para terceros y no podamos disfrutarla para la competitividad de las empresas y de nuestra Comunidad", sentenció.
En este sentido, defendió que la apuesta del Ejecutivo regional por el suelo industrial para atraer empresas debe acompañarse de la flexibilidad para la llegada de energía limpia y barata. Así, desgranó esta política en dos factores. Por un lado, recordó que la Junta lleva a cabo una "auténtica revolución" en el incremento de la superficie industrial de Castilla y León, con el fon de desarrollar en las nueve provincias 8,4 millones de metros cuadrados de suelo industrial público nuevos, es decir, 840 hectáreas, añadido a los distintos polígonos ya en marcha. Todo ello, dijo, con una inversión de 150 millones de euros.
Y en segundo, se pretende que en cinco años, el 80% de estos polígonos industriales de la Junta se nutran de sistemas de comunidades energéticas renovables y de autoconsumo, pero que, en todo caso, requiere una flexibilización por parte del Gobierno central y su inclusión en la nueva planificación, algo que ya anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el último Debate de Política General, celebrado en junio pasado.
"La Junta considera que si no hay polígonos industriales, suelo equipado, con todos los servicios, bien comunicado y con energías renovables baratas, no hay competitividad, no hay atracción para las empresas", apuntó Suárez-Quiñones, motivo por el que recordó que el Gobierno autonómico está desplegando un programa "como no se había hecho desde hace 25 o 30 años". Se trata de una expansión de en torno a 15 millones de metros cuadrados más de suelo industrial en Castilla y León, en todas las provincias, con una inversión de 180 millones de euros.
Algunos de esos polígonos, enumeró, son los de Vicolozano, en Ávila, Melgar de Fernamental, en Burgos, la ampliación duplicación de Villadangos del Páramo (León), el parque tecnológico de León, el de Ciudad Rodrigo (Salamanca), el de los Hitales, en Bermuy de Porreros (Segovia), el PEMA (Soria), El Bayo, en el Bierzo, en Medina del Campo (Valladolid) o Monfarracinos (Zamora). "Ese suelo industrial tiene que estar bien comunicado, bien equipado con todos los servicios y donde la energía limpia es fundamental", insistió, para recordar que en Castilla y León casi el 95% del parque de generación eléctrica es renovable, solo por debajo de Noruega.
"Pero el problema es que nosotros queremos aprovechar para las empresas la energía renovable que aquí se genera y eso necesita de la intervención del Gobierno de España para las redes", expuso Suárez-Quiñonez, quien recordó que "tradicionalmente" estas redes eléctricas en Castilla y León estaban preparadas para transportar la energía de las térmicas de Palencia y de León y de la nuclear de Garoña hacia el País Vasco y Madrid. "Ahora las cosas son distintas. La generación eléctrica se produce en toda la Comunidad, en todos los territorios, mediante parques eólicos, solares, hidráulica, etc., y necesitamos que esa energía llegue a todos estos polígonos industriales con nuevas redes", manifestó.
Reiteró que se trata de una competencia del Gobierno central, que "lleva siete años mirando para otro lado, hablando del desarrollo de la energía renovable", algo que lleva a cabo, lamentó, "probablemente pensando en Madrid o en las industrias, pero no, como nunca hace, en el desarrollo de los territorios rurales, de los pueblos industriales que no están en las ciudades, y que están repartidos por el territorio de Castilla y León".
Sobre la otra pata de energía que puede nutrir a los polígonos industriales, la del autoconsumo, el consejero de Medio Ambiente explicó que "tampoco se puede" desarrollar "porque hay una normativa que está pensada para que el autoconsumo se traduzca en placas encima del tejado de las casas".
Al respecto, urgió al Ejecutivo el cambio de la normativa vigente "para permitir que en polígonos con esos objetivos tengan soluciones mientras se vertebra una nueva red eléctrica que permita llegar energía limpia". Esta política se puede llevar a cabo, mencionó, con la instalación de parques solares y con la modificación de la normativa para que "la distancia prevista en la misma sea mayor, porque son parques muy importantes".
Por lo tanto, resumió, la pelota "está en el tejado del Gobierno" con dos aspectos "muy relevantes": "Una normativa que no cuesta dinero y otra que cuesta, que son las inversiones, y que esperemos que lleguen a Castilla y León y no hagan como siempre, que se vayan a Cataluña y a otros territorios y se olviden de esta tierra", sostuvo.
Suárez-Quiñones avanzó que su departamento ya cuenta con empresas y socios que estarían dispuestos a instalar autoconsumo en los polígonos, porque para una empresa, "un tercio del coste de la producción de un producto es la repercusión de la energía". Por tanto, "si es más barata, la empresa se querrá ir a ese polígono que ofrece energía renovable", dado que además, las firmas "necesitan descarbonizar, por obligación y por responsabilidad social corporativa".
