El alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha informado este sábado, a través de un comunicado remitido a los medios, de que durante esta semana ha remitido tres cartas a las presidentas de las federaciones regional y nacional de Municipios y Provincias, Ángeles Armisén y María José García Pelayo, respectivamente, así como al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para pedir su apoyo en la lucha contra la 'okupación', un "problema que se vive desde hace casi tres años en una comunidad de vecinos de Arroyo, pero que se extiende a otras localidades y ayuntamientos de todo el país".
Fernández exige la "implicación" de la FRMP, la FEMP y el Defensor del Pueblo en "la denuncia y búsqueda de soluciones reales a la 'okupación' de viviendas". "Ese asalto a la propiedad privada se ha convertido en un método indirecto para el acceso a una vivienda social sin que sus beneficiarios tengan que cumplir con el procedimiento establecido para beneficiarse de esa ayuda pública", trasladó el regidor en las misivas.
El Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ya aprobó recientemente una moción en este mismo sentido, en la que conminaba al Gobierno y a las Cortes Generales a la adopción de medidas y cambios legales para arbitrar herramientas para luchar contra esta compleja problemática. Fue impulsada por IPAE y apoyada por todos los grupos municipales, excepto el PSOE, que se abstuvo.
"La 'okupación' ha derivado en un perverso e ilegal sistema de acceso a la vivienda. Primero se asalta y ocupa ilegalmente una propiedad y, posteriormente, abusando del sistema de protección social, se obtiene el título para mantenerse de forma permanente en ella", censuró el alcalde de Arroyo en sus cartas. Fernández apuntó directamente al Gobierno de España, al que acusa de "promover políticas de Estado que dan protección al okupa y convierten en vulnerable al propietario, al trabajador que se paga su piso con su esfuerzo diario". Una situación que "no ocurre en ningún país de la Unión Europea y sobre lo que la FEMP guarda silencio".
El regidor puso el ejemplo de lo que sucede en la comunidad Arroyovereda, donde "más de 200 vecinos llevan casi tres años soportando una situación de conflicto social motivada por la 'okupación' de cerca de la mitad de las viviendas del edificio en el que residen". "Esto, lejos de resolverse, lleva camino de consolidarse debido a que los ocupantes ilegales están cerca de obtener su 'premio' con la conversión en viviendas sociales de estos inmuebles por las que abonarán un alquiler social al Sareb".
En este sentido, criticó el papel que juega esta entidad, creada por el propio Estado en 2012 y que ahora "parece haberse convertido en una suerte de inmobiliaria que regala alquileres sociales y convierte en públicos unos inmuebles que no se concibieron para tal fin, obviando el daño que causan al resto de propietarios; los legítimos, los que pagaron y pagan por vivir allí".
"Desde nuestro Ayuntamiento no estamos dispuestos a admitir que las perjudicadas sean las familias", advirtió el alcalde de Arroyo, quien ve "urgente arbitrar los procedimientos necesarios para proceder al desalojo inmediato de las viviendas ocupadas ilegalmente y revisar la aplicación de políticas que, de facto, legalizan 'okupaciones' al amparo de los sistemas de protección social del que abusan los ocupantes ilegales".
Por todo ello, exigió a las tres instituciones "una defensa firme de la autonomía municipal y autonómica en materia de vivienda, sin la interferencia del Estado, a través del Sareb", así como promover cambios legislativos para modificar "esta perversa Ley de Vivienda que favorece al okupa y castiga al propietario" y la Ley de Bases de Régimen Local, que obliga a los ayuntamientos a empadronar a los okupas.
