Cinco detenidos por la muerte violenta de un hombre en Aranda de Duero
El fallecido, de 41 años, ha sido hallado en la vía pública, tendido en el suelo, ya sin vida
Rebajan a 11 años la pena al jubilado que envió cartas con explosivos a Sánchez y a embajadas
La Audiencia Nacional estima parcialmente el recurso de la defensa y considera que "no tiene vinculación ni relación alguna con grupo u organización criminal"
La Audiencia Nacional ha rebajado de 18 a 11 años y 9 meses la condena por terrorismo al acusado -Pompeyo González, jubilado de 76 años detenido en Burgos- de enviar cartas con explosivos al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez; a la ministra de Defensa, Margarita Robles; y a organismos como las embajadas de Estados Unidos y Ucrania en Madrid en 2022, publica EFE.
La Sala de Apelación ha estimado parcialmente el recurso de su defensa y le ha impuesto cinco años por un delito de terrorismo y seis años y nueve meses por fabricación y colocación de aparatos explosivos, así como cuatro años de libertad vigilada e inhabilitación durante el tiempo de la condena.
En su sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, la Sala desestima todos los motivos del recurso vinculados a la prueba de los hechos que declaró acreditados el tribunal que lo juzgó o a su calificación jurídica, si bien tiene en cuenta que el condenado "no tiene vinculación ni relación alguna con grupo u organización criminal".
Considera el tribunal que "el hecho debe considerarse objetivamente de menor gravedad y a aplicar la rebaja" que permite en estos casos el Código Penal.
"Más que tratarse de un terrorista individual, es un caso de un terrorista aislado, que difícilmente podrá generar seguidores o difundirse entre sectores de la población", dice la sentencia.
Los magistrados acuerdan aplicar la rebaja en un solo grado, no en dos, "ya que el acusado llega a enviar 6 artefactos, insistiendo en su comportamiento delictivo, que exigió una larga preparación. La rebaja en dos grados solo hubiese sido procedente ante un número menor de artefactos, que hubiese evidenciado una aún menor peligrosidad".
La Audiencia Nacional, prosigue EFE, consideró acreditado que el acusado confeccionó y envió seis paquetes explosivos con una finalidad: "producir una gran conmoción en la sociedad española que ejerciese presión para que los gobiernos de España y de los EEUU y otras entidades radicadas en territorio español dejasen de prestar apoyo a Ucrania en su guerra contra Rusia".
En noviembre de 2022 envió las misivas por vía postal al presidente del Gobierno, a la ministra de Defensa, al embajador de Ucrania en España, al de Estados Unidos, a la empresa de armamento Instalaza en Zaragoza, y a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).