El Real Decreto 933/2021, que entró en vigor el pasado 2 de diciembre, recoge una normativa que ha generado controversia en el sector hotelero español. Esta nueva ley obliga a los huéspedes a proporcionar hasta 42 datos personales a la hora de alojarse en hoteles, medida que supone un incremento significativo frente a la decena que anteriormente eran requeridos.
Desde el sector, se critica duramente dicha normativa, calificándola de "desproporcionada e inasumible": "Los políticos tienen que bajar a la realidad de las empresas". La Asociación Hotelera de Castilla y León, que también ha mostrado su preocupación a TRIBUNA al respecto, considera, además, que no solo es un ejemplo de desconexión entre los legisladores y la realidad empresarial, sino que presenta "diversos problemas logísticos y económicos para los establecimientos".
La Asociación argumenta que el registro previo ya cumplía con el objetivo principal de la ley: la localización de personas con requerimientos judiciales. "Se comunicaban los datos que aparecen en el DNI del cliente, suficientes para su identificación. Este Real Decreto evidencia una falta de conocimiento del sector y de nuestra forma de trabajar por parte de la administración", afirman desde la organización.
De esta forma, se cuestiona la eficacia de la nueva normativa. De hecho, los hoteles no tienen medios para verificar la veracidad de los datos proporcionados, por lo que, si un cliente miente, la información no será útil para las autoridades.
Otro punto de la crítica radica en cómo esta normativa afectará a la experiencia de los huéspedes. Los procedimientos de check-in se alargarán, generando molestias tanto para los clientes como para el personal del hotel. "El cliente puede ser reticente a facilitar datos como los bancarios o su correo electrónico, lo que puede crear tensiones en el momento del registro", advierten.
Además, se teme que esta situación pueda traducirse en una disminución de la demanda, ya que algunos viajeros podrían optar por alternativas más sencillas, como los alojamientos ofrecidos a través de plataformas como Airbnb, donde no se exige el mismo nivel de documentación.
La implementación de esta normativa ha obligado a los hoteles a adaptar sus sistemas de gestión interna, lo que ha supuesto un gasto adicional considerable. Según la Asociación, "nos hemos encontrado con continuos errores en el envío de datos a la plataforma, que hemos tenido que ir solucionando poco a poco".
Este gasto administrativo y los posibles inconvenientes para los clientes podrían erosionar la competitividad del sector frente a los alojamientos no regulados, que siguen operando sin estas exigencias.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa, muchos hoteles están informando a los viajeros sobre los datos que deben presentar a través de carteles en las recepciones o durante el proceso de reserva. Sin embargo, desde el sector recalcan que esta información es de acceso público y que los huéspedes también tienen la responsabilidad de informarse antes de viajar.
